Sistema Arbitral de Consumo ¿Qué es?

Es una vía extrajudicial, rápida, eficaz y económica que permite resolver fácilmente los desacuerdos que puedan surgir entre los dos protagonistas del consumo: el comprador o usuario y el vendedor o prestador de servicios.

¿Cúales son sus ventajas?

  • Rapidez, porque se resuelve en un máximo de seis meses desde la resolución de inicio del correspondiente procedimiento arbitral.
  • Gratuidad, que alcanza hasta el coste de las pruebas cuando son propuestas por el órgano arbitral.
  • Imparcialidad, porque garantiza amparar sólo a quien acredite tener la razón.
  • Sencillez, con trámites mínimos y fáciles.
  • Voluntariedad, porque ambas partes se adhieren libremente al Sistema.
  • Eficacia y Ejecutividad, porque se resuelve mediante un Laudo de obligado cumplimiento sin necesidad de acudir a la vía judicial ordinaria.

 

¿Quiénes intervienen?

Intervienen los consumidores o usuarios y los empresarios o profesionales que comercializan bienes o servicios en el mercado.

El consumidor o usuario siempre es quien inicia el procedimiento y una vez que la solicitud se encuentra en la Junta Arbitral de Consumo, su presidente puede resolver:

  • Admitirla a trámite: esto es, cuando cumple todos los requisitos exigidos en la ley.
  • Requerir al reclamante la subsanación de la solicitud: en este caso, no reúne los requisitos mínimos exigidos en la ley, para lo cual se concederán los días hábiles establecidos.
  •  Rechazarla: cuando cumple todos los requisitos exigidos en la ley, o no se efectúa la subsanación por lo que se desestimará la solicitud.

Una vez admitida la solicitud y aceptado el arbitraje, si las partes no han llegado a ningún acuerdo como consecuencia de la mediación previa de la Junta Arbitral de Consumo, se designará al órgano arbitral que ha de conocer el asunto y se citará a las partes al acto de audiencia.

Durante el procedimiento, el empresario o profesional puede comunicar sus propias alegaciones siempre que estén directamente relacionadas con la reclamación del consumidor para que sean igualmente resueltas mediante ese arbitraje.

Se resolverán todos los conflictos que afecten a los derechos legal o contractualmente reconocidos a los consumidores y usuarios.

 

No obstante, no podrán ser objeto de arbitraje de consumo.

 

  1. Las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva.
  2. Aquéllas en que las partes no tengan poder de disposición.
  3. Tampoco será posible el Arbitraje de Consumo en las cuestiones en las que según la legislación vigente deba intervenir el Ministerio Fiscal.
  4. Cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
  5. La responsabilidad civil por daños y perjuicios directamente derivada de intoxicación, lesión, muerte o de hechos en los que existan indicios racionales de infracción penal.
  6. Las reclamaciones entre particulares o aquéllas en las que el reclamante ha adquirido el bien o contratado el servicio en su calidad de empresario o profesional no pueden ser resueltas a través del Sistema Arbitral de Consumo.