En un mundo cada vez más globalizado, fruto de los revolucionarios avances en materia de información y comunicación y de la remoción de las fronteras económicas, el papel tradicional del consumidor en cuanto a hábitos y actitudes se está viendo radicalmente afectado. Las nuevas fórmulas mercantiles, con el comercio electrónico a la cabeza, propician un profundo rediseño del escenario en el que se sustancian las relaciones entre productores-vendedores y consumidores.
Al consumidor de hace unos años, acostumbrado a un menor acceso a la información y por tanto más conformista, le sucede un nuevo tipo de consumidor más exigente con el cumplimiento de sus derechos, que además requiere de la administración su amparo para ello.
Una administración que ha de dar una respuesta ágil a estas nuevas demandas, y que ha de ser consciente, como los consumidores, de una nueva forma de consumir que permite comprar cualquier producto en cualquier parte del mundo sin moverse de casa. Vendedores y consumidores rara vez coinciden ya en el espacio.
Productos y canales cada vez más sofisticados y complejos, con las nuevas tecnologías como motor que impulsa el cambio de una forma casi diaria, obligan a la administración a adaptar su estructura con nuevas fórmulas de protección de los derechos de los consumidores.
A las inmensas posibilidades que tiene el consumidor de hoy se le añade la sensibilización en cuanto a un consumo responsable –tanto desde una óptica individual como colectiva– cimentado sobre pilares tan importantes como la salud, la seguridad, la educación, el compromiso con el ambiente y el desarrollo sostenible, entre otros, que hacen del consumidor una la pieza fundamental del engranaje socioeconómico, y donde la administración comparte un importante papel fomentando y propiciando estos nuevos valores de consumo.
La protección jurídica de los derechos de los consumidores, la prevención de riesgos para la salud, el acceso a fuentes de información variadas y fiables, la persecución del fraude, la transparencia y la vigilancia del mercado, el control y seguimiento de los servicios públicos,… deben conformar el marco de actuación de la administración que permita y fomente un consumo responsable, saludable y seguro.
Desde la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, queremos lanzar nuestro mensaje de compromiso con el consumidor extremeño, invitándole a hacer uso de nuestros servicios específicos para la protección de sus derechos, recabando además la colaboración con todos los agentes implicados (empresarios, asociaciones,…) en materia de consumo.