Informe a partir de las consultas recibidas en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá en los últimos dos años y que recoge , textualmente, la siguiente conclusión:

"A pesar de la reforma legal operada en España en 2018, por la que se reafirma el derecho de las personas con VIH a no ser discriminadas por razón de estado de salud en la contratación de seguros, la norma no es eficaz, tal y como podemos comprobar en las consultas recibidas en la Clínica Legal de la Universidad de Alcalá. Las compañías de seguros no están aportando las causas justificadas, proporcionadas y razonables, documentadas previa y objetivamente, para legitimar el rechazo a asegurar, la imposición de unas condiciones más onerosas o el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes. Esto supone que las personas con VIH sigan viendo cómo se mantienen barreras de carácter institucional, legal y actitudinal que les impiden disfrutar sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de las personas, lo cual merma sus oportunidades, por ejemplo, de promoción en el ámbito laboral o de normalización de sus vidas. Por dicho motivo es preciso reforzar los mecanismos de protección del derecho obligando al asegurador, cuando preste un trato diferencial por alguno de los motivos protegidos, de presentar a la persona interesada junto con su decisión un informe personalizado donde se detalle la excepcionalidad de la situación, la finalidad legítima que persigue su resolución y por qué la acción tomada es un medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzarla. Si no se cumpliese la obligación de aportar este documento, se deberá aceptar automáticamente la solicitud de contratar en unas condiciones estándar.

Fuente: Informe "El acceso de las personas con VIH a la contratación de seguros". Universidad de Alcalá."