El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, afirmó ayer en Mérida que “no hay criterios legales de anulabilidad ni motivos para repetir el examen de la oposición de Enfermería de Atención Continuada”. Sin embargo, señaló que las 41 plazas que han quedado vacantes “queremos que sean ocupadas”, para lo que se está negociando la fórmula en la Mesa Sectorial de Sanidad para que se incluyan en la Oferta Pública de Empleo (OPE), sea de forma extraordinaria y urgente o como primera convocatoria de 2017.
Vergeles compareció en la Asamblea de Extremadura para explicar el proceso de esta oposición que aprobaron cuatro opositores de los más de 1.300 que se presentaron.
Para ello, la Junta de Extremadura está dialogando con los representantes sindicales, lo que según expuso el titular de Sanidad evidencia la voluntad de dar estabilidad laboral a los trabajadores del SES, que ha quedado demostrada con la constitución en esta legislatura de 92 bolsas de trabajo que estaban pendientes desde 2013; la finalización de los procesos selectivos en 10 categorías iniciados en 2011, y las convocatorias de concursos y traslados de 21 especialidades que estaban paradas. Estos datos, apuntó, prueban “de forma rigurosa y eficiente, la seriedad de las políticas de personal del SES”.
Respecto a la oposición de Enfermería de Atención Continuada, para la que se convocaron 45 plazas en 2011, el consejero recordó que no fue hasta 2013 cuando se aprobó la lista de admitidos del proceso selectivo. Sin embargo, en 2014 se paralizaron las actuaciones a consecuencia de una sentencia de 2007 y quedó anulada en 2016.
Una vez salvados los obstáculos, el examen de la oposición se realizó el pasado 25 de marzo. A la prueba se presentaron 1.389 aspirantes y se desarrolló en presencia de los representantes sindicales y sin ningún incidente.
El consejero reconoció que el examen, “aunque ajustado al temario ha sido difícil” pero ajustado a la legalidad, y recordó la independencia de los tribunales a la hora de poner un examen, tal y como establece la Ley de la Función Pública.
Finalmente, manifestó que sembrar dudas sobre estos procesos que tienen aval legal “no es constructivo” y recordó que la judicialización de estos procesos, como ocurrió en la legislatura anterior, tiene repercusión para los opositores.